Privacidad y protección de datos

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Privacidad y protección de datos

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(1) 20/02/2015 12:08h

0,28 segundos (o reflexiones alrededor del derecho al olvido)

 
Os recomiendo la lectura de este artículo de The New Yorker, (en inglés) el mejor que he leído hasta ahora sobre la sentencia del TJUE que consagra el "derecho al olvido"
 

La perspectiva americana.

La primera enmienda de la constitución de los EEUU no deja espacio para un derecho similar. Si analizamos el caso Costeja vs Google de acuerdo con la Ley americana tenemos un medio que publica una información legítimamente, porque tiene el deber de hacerlo. Y no hay mucho más que decir. Prevalece la libertad de información y expresión.

 

Los motivos de Europa

 
Como señala Viktor Mayer-Schönberger (autor también del muy recomendable “Big Data, la revolución de los datos masivos”), las raíces del derecho a la protección de datos en Europa se hunden en el suelo de la sangrienta historia del siglo XX. Diferentes formas de expresión del totalitarismo (comunismo y fascismo) utilizaron bases de datos para controlar, perseguir y castigar a sus disidentes o a quien según los datos creían que suponía una amenaza. Mayer-Schönberger cita en "Big Data"  algunos buenos ejemplos (página 189): la muy conocida la historia de la Stasi; también los nazis, que utilizaron el registro civil de los países bajos holandés que incluía datos de raza para purgar con extraordinaria eficiencia a gitanos y judíos; y también democracias consagradas pueden cometer abusos: “En 1943 la oficina del censo de Estados Unidos dio a conocer las direcciones de las manzanas (pero no los nombres y números de calles, para mantener la ficción de que protegía la privacidad) en que residían estadounidenses de origen japonés, para facilitar su internamiento en campos”. Hay que entender la normativa europea como un intento de impedir en el futuro abusos parecidos.  No se confía en que los usos que el estado pueda hacer de la información puedan ser los adecuados, tampoco por parte de las empresas, por lo que se intenta, posiblemente de forma manifiestamente mejorable o sin éxito, trasladar el control de sus datos a los ciudadanos.

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 Eso es el derecho al olvido para el TJUE. El tiempo que tarda Google en mostrar los enlaces jerarquizados como respuesta a la búsqueda por mi nombre. Porque es precisamente ese el efecto de la sentencia: eliminar determinados contenidos del motor de búsqueda de información más potente y efectivo de la historia de la humanidad. Nada más. Se ataca la exposición, el resultado inmediato. La fuente permanece. Si empleas medio minuto más de tu tiempo encontrarás lo que buscas. Más aún, el resultado sólo tiene efectos en los dominios Google UE, es decir, que el resultado de la búsqueda permanece inalterado en Google.com.  Así que más bien se protege lo mínimo imprescindible, el encuentro fortuito, la observación descuidada, la mirada impaciente, sin intención. Ese es el olvido del que estamos hablando. Un olvido del todo descafeinado, de una profundidad mínima, que deja muy debilitados los argumentos contrarios de censura o de reescribir la historia. Por varios motivos. En primer lugar, la sentencia reconoce que la normativa europea permite a los buscadores como responsables (74)
“…el tratamiento de datos personales cuando es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular su derecho al respeto de su vida privada, en lo que respecta al tratamiento de datos personales…”
Por tanto, es necesaria “la ponderación de los derechos e intereses en liza de que se trate, en cuyo marco debe tenerse en cuenta la importancia de los derechos del interesado…”
Leed esto (81):
“…en la medida en la que supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como la del litigio principal, un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta”
Es decir, hay que analizar cada caso y decidir qué debe prevalecer: el derecho a la privacidad/reputación/propia imagen/olvido o libertad expresión y/o derecho a la información de los internautas.
Ahora bien “los derechos protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés público en disponer de esa información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública”
Google ha publicado la opinión de un comité de expertos independientes que enuncian una serie de criterios para valorar ese justo equilibrio. Os dejo el texto link aquí (en inglés) y lo desarrollo en otro post.

Aspectos prácticos: eliminando contenidos

El objetivo final es la eliminación de información. Si alguien quiere retirar contenido de internet el primer paso debería ser "atacar" la fuente. Podemos ejercitar los derechos de cancelación o oposición frente al responsable del fichero. Si los contenidos son ilícitos debe quedar claro que el webmaster está sometido (evidentemente) a las responsabilidades civiles, penales y/o administrativas de lo publicado. Atención también al artículo 16 LSSI: si tiene conocimiento de la ilicitud (se le notifica) sería responsable de los contenidos alojados. Pero no siempre es posible. Piénsese en la cantidad de webs en las que no es posible identificar un responsable (esa es precisamente la intención del artículo 10 LSSI), o está fuera de territorio nacional. Es el caso de todas las publicaciones que utilizan wordpress, que prácticamente te abocan a dirigirte contra Google.
Si hemos fracasado en nuestro intento de eliminar la fuente, podemos solicitar la desindexación del enlace a Google. Es muy importante explicar nuestros motivos y que éstos se ajusten a los criterios expuestos por el comité de expertos que cito más arriba. Aún así las decisiones de Google no están motivadas, es decir, no sabemos porque acceden (te lo comunican sin más) o porqué no (hacen referencia al rol público o el interés en que la información esté disponible para los internautas). Si tras la solicitud a Google no conseguimos retirar los enlaces, podemos ejercitar nuestros derechos de cancelación/oposición ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Mi opinión

 
Google presta un servicio que rentabiliza económicamente. Esto parece una obviedad pero es que Google aparece envuelto de cierta atmósfera zen, a-económica, como si no tuviera unos intereses alrededor de los cuales se posiciona y toma decisiones. Este servicio puede afectar a derechos y libertades de ciudadanos y por tanto es responsable como cualquier otra empresa. Google no es internet. La fuente permanece. Como expliqué más arriba, si se piensa en los efectos prácticos de la sentencia, se ataca la puesta a disposición inmediata, la exposición grosera al ojo automático, el retrato que de una persona muestra el motor de búsqueda, sea cual sea. Se trata de modular los efectos extraordinariamente eficientes que sobre el nombre de una persona tiene Google.
El caso de Nikki, fácil de entender, ¿verdad?
 

Derecho al olvido, Privacidad
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Comentarios (1)

Pep Sánchez ($PepINCA)

21/05/2015 12:36h

Que buen contenido. Gracias por compartirlo con todos. Saludos desde Inca Mallorca.

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